Más allá de si Ingrid Betancourt fue negligente e, incluso, arrogante, al viajar a la antigua zona de distensión en el Caguan, lo cierto es que tiene todo el derecho de demandar al Estado la reparación por su secuestro. Que sea una mujer ambiciosa u oportunista, es totalmente indiferente a ese derecho de acudir a los estrados judiciales. El argumento que pulula en los medios de comunicación, según el cual el Estado no puede ser el responsable porque éste no fue quien perpetró el crimen, no es jurídicamente válido, porque de cualquier manera, el Estado está en la obligación de proteger la vida, honra y bienes de las personas. En un caso como estos, la responsabilidad del Estado no deriva de una actuación necesariamente ilegal en la que haya incurrido, sino del hecho de no prestar eficazmente la protección a quien entonces era candidata a la presidencia, en un contexto notorio y real de conflicto armado. Un individuo, que puede ser Ingrid o cualquier otro secuestrado o ex secuestrado, no tiene el deber de soportar aisladamente los daños que se generen en tal contexto de guerra. Admitir lo contrario sería retroceder en todos los avances que sobre ese particular se han realizado a nivel jurisprudencial.
Sin embargo, una cosa es que ella tenga el derecho de demandar al Estado una indemnización, y otra cosa es que a la postre termine ganando el litigio, porque debe probarse que el Estado no cumplió con su deber objetivo de protegerla, y también debe tenerse en cuenta que de acreditarse la negligencia de la señora Betancourt, no prosperarían sus pretensiones, puesto que nadie puede excusarse en su propia culpa o torpeza.
Desde un punto de vista personal, me da igual que ella gane o pierda una eventual demanda. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que todo esto ha demostrado dos cosas: primero, que la sociedad colombiana, o al menos la que participa en las redes sociales y en Internet, es supremamente uniforme, y eso es muy peligroso. Peligroso porque es muestra de que no existe un mínimo de tolerancia en relación con las personas que piensan distinto, o que hacen cosas que se salen de la normalidad; y porque es una tendencia social al fascismo, o al corporativismo, en donde el concepto de igualdad se tergiversa hacia la exclusión. En este caso, la reacción en contra de Madame Betancourt, y su exclusión, se da porque tanto la gente como nuestros gobernantes confunden al Estado con el gobierno, que políticamente pueden ser la misma cosa, pero jurídicamente son dos conceptos diferentes: existe unanimidad al pensar que ella ataca al gobierno que la rescató, y eso es sinónimo de fariseísmo y de ingratitud, cuando realmente lo que hace es acudir ante un juez para que el Estado sea quien la compense. Ella, defendiéndose de todos esos ataques interactivos, podría decir que está de acuerdo con el gobierno, pero que eso no es obstáculo para demandar al Estado. Desde un punto de vista técnico, tiene razón; otra cosa es que sea contradictorio ideológicamente hablando.
He leído comentarios sobre este tema en el Facebook de gente inclinada hacia la izquierda política. Me sorprendí en gran manera por la similitud existente entre sus opiniones y las de quienes sé que apoyan al gobierno de Uribe y al rescate militar de los secuestrados, y eso es lo que me llevó a pensar en ese cuento de la uniformidad social. Claro, las opiniones tienen un origen ideológico diferente, pero el efecto es el mismo: la exclusión. Ahora todo el mundo quiere declarar persona no grata a esa señora. A mí ya me caía gorda antes de que la secuestraran, pero tampoco quiero participar de ese odio masivo contra ella, más cuando es el vivo ejemplar del fracaso de las políticas de rescate militar de los secuestrados… Es que es por eso que el gobierno está tan jodidamente emberracado: nadie les garantiza que si rescatan a alguien, éste alguien no demande después una indemnización.
En segundo lugar, y alejándose uno del aspecto meramente jurídico de las pretensiones (económicamente simbólicas o reales, da igual) de la familia Betancourt, lo que más me interesa de este episodio de farándula es que con éste se acredita que dos de los aspectos más importantes de la política de seguridad democrática han hecho crisis: la negación sistemática del conflicto armado y el rescate militar de los secuestrados.
Desde el principio del gobierno de Álvaro Uribe se ha negado la existencia de un conflicto armado al interior del País. Esto es lo que justifica, entre otras cosas, la negativa a negociar políticamente el cese de hostilidades, y el intercambio humanitario (también ha implicado desconocer que existen diferencias entre clases sociales, aunque eso es otro tema). Pero con el hecho de que la ex secuestrada más famosa de la historia nacional, esté diciendo a los medios de comunicación, que su “simbólica” decisión de acudir a una demanda es también en nombre de sus compañeros de cautiverio, está haciendo ver las contradicciones de esa postura recalcitrante de negar el conflicto. ¿Por qué? Por una simple razón: los secuestrados, incluyendo a Ingrid Betancourt, son víctimas de una guerra, y como se dijo al principio, ellos no tienen el deber de soportar los daños que derivan de un conflicto que supuestamente no existe, y el Estado tiene constitucionalmente la obligación de repararlos.
Todos los secuestrados, así como todos los desplazados (a quienes llaman emigrantes) en su calidad de víctimas, son la prueba de que esa postura política está en crisis desde que se la inventaron. Pero el caso de Ingrid es paradigmático, porque ella que ha dicho estar de acuerdo con el rescate militar, incurre en la contradicción ideológica (aunque es su derecho) de pretender del Estado una indemnización por su secuestro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario